Viento Nuevo, la organización donde Jyri Jaakkola fue miembro activo antes de que fuera asesinado en el camino a San Juan Copala el 27 de abril de 2010, solicita a las autoridades oaxaqueñas que la detención de Rufino Juárez Hernández, líder de los paramilitares de la Ubisort, sea el primer paso concreto para llevar ante la justicia a aquellos que han matado a los 25 defensores de la autonomía de San Juan Copala y a todos los demás que han matado en el area Triqui.
25 personas fueron asesinadas en el trascurso de un año cerca del municipio autónomo de San Juan Cópala porque trataron de defender los derechos legítimos de esta comunidad autónoma Triqui en el estado de Oaxaca, México. La comunidad entera fue violentamente obligada a desplazarse el año pasado como resultado de balaceras y el cerco paramilitar acometidos por la organización llamada Ubisort. Poco después de los asesinatos y el desplazamiento violento, se declaró el hallazgo de valiosos minerales en la zona.
La mayoría de las 25 personas asesinadas fueron triquis. Además una mujer mixteca, Bety Cariño, y un activista finlandés, Jyri Jaakkola, fueron asesinados hace un año, cuando trataban de proteger los derechos legales y la autonomía de la comunidad de San Juan Copala de los ataques paramilitares.
Esta clara violación de los derechos humanos universales no puede ser sólo un “conflicto interno” de los Triquis – aunque el gobierno de Ulises Ruiz, irónicamente lo llamara ‘interno’. Debido a que los Triquis fueron masacrados y violados por armas y hombres armados financiados desde fuera de la comunidad, el conflicto no fue interno, pero financiado desde el exterior: en parte también por el anterior gobierno del estado.
En Oaxaca el grupo paramilitar llamado “Ubisort” [tätä ei tarvitsisi tässä enää selittää kun on jo yllä selitetty eli pelkkä Ubisort riittäisi tässä] es responsable de terrorizar al pueblo de San Juan Cópala. Su líder, Rufino Juárez Hernández, fue detenido la semana pasada por el nuevo gobierno oaxaqueño por los crímenes que ha cometido. Para respetar los derechos humanos y la ley, las autoridades deben investigar y llevar ante la justicia a los criminales, tambien en relación al ataque en el que Bety Cariño y Jyri Jaakkola fueron asesinados y al sitio ilegal en que los paramilitares dispararon y mataron a tantas personas.
El anterior gobierno de Oaxaca no arrestó a Rufino Juárez Hernández, aunque 25 personas en la zona Triqui de Copala fueron masacrados en el cerco paramilitar dirigido por él y a pesar de que anunció en las noticias publicas el 24 de agosto de 2010, dónde y cómo sus pistoleros mantenían el cerco ilegal y balaceas mortales de la siguiente manera: “La UBISORT mantiene un bloque en San Juan Copala” en donde “los tiroteos continuan y no existen condiciones para la gente para entrar o abandonar el lugar” – como si los disparos a muerte, el sitio armado y el bloque con piedras de la vía pública fuera necesario “para evitar la violencia que priva en la región” (1).
El estado es responsable de arrestar a cualquier persona que ha declaro en publico que mantiene el terror del sitio paramilitar, balaceras y asesinatos, y de hacer una investigación exhaustiva
sobre los delitos cometidos en el sitio paramilitar. Por lo tanto Rufino Juarez Hernandez debe seguir arrestado hasta que sus delitos sean investigados y condenados. Además debe investigarse su anuncio público, antes mencionado, de dirigir el sitio ilegal y los tiroteos en los que murieron tres personas, tres días antes de este anuncio, y donde continuó muriendo más gente del municipio autónomo de San Juan Copala.
El gobierno viola sus compromisos legales y internacionales cuando esta permitiendo la ocupación violenta del área de San Juan Copala – o de otras comunidades indígenas que han decidido ejercer su autonomía – y que grupos armados asesinen y desplacen violentamente a la población de e tas comunidades, para posteriormente proceder a actividades mineras o industriales en la zona, sin consentimiento libre e informado de las comunidades violentamente desplazadas. Al permitir y apoyar que las tierras y los bosques de los triquis sean tomados por medio de ataques violentos, el anterior gobierno del estado de Oaxaca hizo a los paramilitares pensar que sería beneficioso matar, además de a los triquis, también a otras personas que defienden los derechos humanos.
Los derechos de las comunidades indígenas a sus propios medios de subsistencia en sus tierras y bosques ancestrales, y a sus formas menos comerciales de intercambio, deberían ser garantizados. Estos medios de subsistencia, con los que las comunidades indígenas han mantenido una relación más ajustada con su entorno, no les deben ser privados por intereses comerciales u otros.
Porque los Triquis del municipio autónomo de San Juan Copala han sido ilegalmente y violentamente desplazados de sus casas y de sus tierras y privados de sus medios de subsistencia ellos tienen un derecho legal a regresar a sus casas. Si el gobierno estatal afirma que un orden legal y la seguridad predominen en San Juan Copala, este es obligado a garantizar un regreso seguro de los Triquis desplazados de la autónoma San Juan Copala a sus casas en la misma y su derecho a protestar por su desplazamiento ilegal – y para obtener la compensación debida por las violaciones que han sufrido.
(“Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados” (2). El Estado “protegerá a los pueblos y comunidades indígenas contra reacomodos y desplazamientos”. (3) El Estado ha descuidado en San Juan Copala su obligación a reconocer que “en el Estado de Oaxaca quedan prohibidos los reacomodos y desplazamientos de pueblos y comunidades indígenas” los que están prohíbidos porque las comunidades indígenas deben “gozar de plenas garantías contra actos de… violencia, reacomodos o desplazamientos forzados, separación de niñas y niños indígenas de sus familias y comunidades bajo ningún pretexto”. (4) En caso de que no exista una “causa de interés público” legítima para el desplazamiento, las “comunidades indígenas tendrán prioridad para el retorno a sus territorios y tierras” (5) y el Estado tiene la obligación de asegurar que comunidades indígenas tengan el derecho “al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades” (6))
Porque los Triquis desplazados del municipio autónomo San Juan Copala marchan por sus derechos desde el 23 de Mayo desde la ciudad de Oaxaca a la ciudad de México, se organizaba también en Finlandia una marcha por bicicletas y una gira de la campaña en las ciudades Turku y Tampere en solidaridad con los Triquie desplazados de San Juan Copala. El 25 de Mayo esta gira visitará a la ciudad de Rovaniemi, el 26 de mayo a la ciudad de Oulu, el 27 de Mayo a la ciudad de Espoo y en los días 28 y 29 de mayo la gira participará en el festival “World Village” (‘pueblo mundo’) en el capital de Finlandia, Helsinki.
1. http://www.igabenoticias.info/leer.php?n=12842 [1]
2. UNDRIP, artículo 10,
3. Constitución de Oaxaca, artículo 16
4. Ley Indígena, Ley indígena de Oaxaca, artículos 14 y 30
5. Ley indígena de Oaxaca, artículo 14
6. Ley indígena de la Constitución Mexicana, artículo 2 A, VI
7. UNDRIP, artículo 20
Viento Nuevo
Kirkkotie 6-10, 20540 Turku, Finlandia
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